El próximo de 17 de diciembre, en el orden del día del Comité Consultivo del SNS, está previsto la presentación por la Administración de los proyectos de órdenes sobre transporte sanitario no urgente del Sistema Nacional de Salud (SNS), productos dietéticos y prestación ortoprotésica suplementaria (específicamente para las sillas de ruedas), que desarrollan el RD- Ley 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS.
El Gobierno vuelve a arremeter contra los colectivos más vulnerables. Esta vez, pone el punto de mira en los enfermos con mayores problemas de salud, como son los enfermos crónicos, los oncológicos y los que precisen hemodiálisis, presentando una orden que regula el repago del transporte sanitario no urgente, hasta ahora ya pagado con impuestos en el momento del uso, en todas las Comunidades Autónomas.
De aprobarse esta Orden, los asegurados activos (excepto afectados por el síndrome tóxico, perceptoras de Renta de Integración social, personas con discapacidad beneficiarias del sistema especial de prestaciones sociales y económicas y los AT y EP), los pensionistas (excepto las pensiones no contributivas) y los parados que cobren el subsidio de desempleo tendrán que pagar un 10% de la Base de cálculo que se establece en 50€ por traslado. Se establecen límites para la aportación:
60 €/mes para rentas que sean iguales o superiores a 100.000 €.
20 €/mes para rentas que sean iguales o superiores 18.000 € e inferior a 100.00€.
10 €/mes para rentas que sean iguales o inferiores a 18.000 € y para los beneficiarios de mutualidades administrativas (MUFACE, ISFAS y MUJEGU).
Las anteriores limitaciones en las aportaciones se realizarán semestralmente (60, 20 o 10 € /semestre), cuando la prestación sea necesaria en un periodo de más de 6 meses (enfermos crónicos) y con una periodicidad de 4 traslados semanales (2 días por semana, ida y vuelta). Lo que dejaría fuera, por ejemplo, los tratamientos oncológicos de quimioterapia y la mayoría de los de rehabilitación.
En esta orden no se especifica cómo se realizarán las aportaciones, y por tanto, si los ciudadanos tendrán que adelantar los pagos al igual que en el caso de los medicamentos.
A esto hay que añadir más repagos con los otros dos nuevos proyectos normativos: el Proyecto de Orden por la que se establece la aportación del usuario en la cartera común suplementaria de prestación con productos dietéticos y el Proyecto de Orden por la que se regula la prestación ortoprotésica suplementaria (específicamente para las sillas de ruedas)
En resumen, estos tres proyectos de orden suponen nuevas cargas económicas para los ciudadanos, mayores barreras de acceso al sistema sanitario y menor protección social. Por ello, UGT exigirá al Ejecutivo la próxima semana en el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la retirada inmediata del Real Decreto-ley 16/2012 y sus órdenes de desarrollo, que ni garantizan el sostenimiento del sistema ni mejoran la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Nuestro sistema es sostenible y se financia a través de los impuestos. Es decir que los ciudadanos ya pagan de esa forma la sanidad pública. Ahora, con estas reformas, además repagan por las prestaciones sanitarias cuando las reciben. El Sistema Nacional de Salud es uno de los mejores sistemas sanitarios de los países desarrollados.
Para UGT, esta medida es una losa más de la continua regresión a la que este Gobierno somete a sus ciudadanos, modificando muchos de los aspectos esenciales y que afectan a las garantías de los derechos de los ciudadanos, a los criterios de acreditación del derecho a la asistencia sanitaria, que deja de ser universal y gratuita, y a la ordenación de las prestaciones
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