La
reforma laboral aprobada por el Gobierno, sin diálogo ni negociación con los
interlocutores sociales, es una pieza más de las políticas de ajuste que
promueven las instituciones europeas, lideradas por los Gobiernos de Alemania y
Francia, para satisfacer las demandas de los mercados financieros que especulan
con las deudas soberanas.
La
Unión Europea, desde mediados de 2010, orientó sus políticas para enfrentar la
crisis exclusivamente hacia la reducción del déficit público, renunciando a
cualquier estímulo a lareactivación económica y apostando por la reducción del
gasto social y la desregulación del mercado laboral. En realidad, las políticas
europeas no buscan la mejor salida de la crisis, sino aprovechar la misma para
debilitar el Estado social y los derechos de los trabajadores. Las políticas
antes citadas no han conseguido los objetivos anunciados; por el contrario han
alejado el crecimiento y la Unión Europea volverá a entrar en recesión. El
resultado es elocuente: 24,5 millones de personas en paro. Imponer estas
políticas también ha comportado graves consecuencias para la calidad de la
democracia en Europa. No se ha
dudado
en forzar cambios en las constituciones soberanas de varios países, y en otros se
han impuesto gobiernos tecnocráticos. Todo ello promovido desde las élites
políticas, negando la participación de la ciudadanía. España es un buen ejemplo
de lo que decimos.
En
nuestro país, las políticas aplicadas desde 2010 –a las que ya respondimos con
una huelga general el 29 de septiembre de 2010- han supuesto la paulatina
degradación de los servicios públicos y las políticas sociales que, en el marco
de la crisis, está sirviendo de coartada para su progresiva privatización,
generando mayores injusticias y desigualdades entre la ciudadanía. Por otro
lado, se está produciendo un empeoramiento de la situación económica: se ha
deprimido el consumo, el crédito sigue sin fluir pese a las ayudas a las entidades
financieras, cae la actividad económica, y crece el desempleo, que entre los jóvenes
alcanza una tasa cercana al 50%.
HUELGA
GENERAL
29 marzo
Contra la reforma laboral
y en defensa de los servicios públicos
Cambio de ciclo político
El
cambio de ciclo político iniciado en las elecciones municipales y autonómicas
de mayo de 2011 y que culminó en noviembre pasado con el triunfo por mayoría
absoluta del PP, ha provocado la mayor concentración de poder institucional que
ha tenido fuerza política alguna desde el inicio de la democracia. El nuevo
Gobierno, lejos de corregir las fracasadas políticas anteriores, ha optado por
insistir y profundizar en ellas. Nunca un Gobierno hizo
tanto
y en tan poco tiempo por acabar con la arquitectura social y laboral que entre
todos decidimos poner en marcha tras las primeras elecciones democráticas de
1977, y que fue consagrada por la Constitución española.
Insistir
en las citadas políticas es suicida. La ausencia de actividad económica es la
que explica que el desempleo siga creciendo en España. Hace ya dos años y medio
que el movimiento sindical propuso un Pacto por el Empleo, con participación de
los poderes públicos, las organizaciones sindicales y empresariales y las
fuerzas políticas parlamentarias. Un Pacto que contemplase la política fiscal,
la reforma del sistema financiero, la política de rentas, el control de los
precios, la política industrial, y que combinase las medidas de flexibilidad interna
en las empresas con otras destinadas a la reactivación económica y al cambio
del modelo productivo. Ni éste ni el anterior Gobierno fueron sensibles a esta
propuesta.
Ahora
nos encontramos con una nueva reforma laboral, aprobada mediante Real Decreto, sin
negociación con los interlocutores sociales, que no respeta el reciente acuerdo
entre las organizaciones sindicales y empresariales, y que tanto en la forma
como en el fondo puede ser inconstitucional. Una reforma aplaudida por los
empresarios y por los foros internacionales que defienden las políticas de
ajuste.
La
reforma laboral del Gobierno que preside Mariano Rajoy interrumpe el derecho
del trabajo y lo reemplaza por una ilimitada arbitrariedad empresarial;
facilita y abarata el despido; no reduce las modalidades de contratación y por
el contrario las aumenta y precariza; introduce discriminaciones en las posibilidades
de empleo; rompe el equilibrio de la negociación colectiva; y abre las puertas
al despido, por primera vez, en las Administraciones Públicas.
Pero,
además, se asesta un duro golpe a nuestro modelo social, a los pilares del
Estado de bienestar: la sanidad, la educación y las políticas sociales. La
constitución, hace unas semanas, de la Plataforma en defensa del Estado de
Bienestar y los Servicios Públicos es una excelente herramienta para unir a
amplios colectivos de la sociedad española y combatir los recortes de las
políticas públicas. Por si fuera poco, el Gobierno anuncia su voluntad
de
eliminar o devaluar importantes derechos civiles como el derecho de las mujeres
a la interrupción del embarazo, el matrimonio homosexual o los derechos de la
inmigración. De no evitarlo asistiríamos a una quiebra de nuestro modelo de
convivencia, y a la confirmación de un programa de acción política sometido a
las exigencias de los mercados financieros.
Por
todo ello, el Comité Confederal de UGT y el Consejo Confederal de CCOO, máximos
órganos de dirección de ambos sindicatos, han decidido convocar una huelga
general el 29 de marzo, y mantener la presión social hasta que el Gobierno
rectifique y abra una negociación para abordar la situación aquí denunciada.
Hacemos un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras de la producción y los
servicios, de las Administraciones Públicas, para que participen en esta
huelga. Igualmente, nos dirigimos al resto de la ciudadanía para que la apoye y
se manifieste contra estas medidas que, de llevarse a cabo, acabarán con
derechos históricos, que tanto nos costó conquistar.
¡QUIEREN ACABAR CON TODO¡
HUELGA GENERAL EL 29 DE MARZO
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